Condenados a pagar 70 millones

Varias veces se la ha preguntado al alcalde de Tres Cantos, José Folgado, si iba a recalificar el Tagarral, una finca en la que los vecinos no quieren que se construya. Nunca ha dicho que no la fuera a recalificar. Ahora, cuando el regidor va a abandonar la Alcaldía para ocupar la presidencia de una empresa pública, se ha puesto en marcha para recalificar los terrenos. Ese día está más cerca. 

La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo deberán pagar cerca de 60 millones de euros en concepto de una indemnización a los propietarios de fincas de El Tagarral. Cuando el PSOE mandaba en Colmenar Viejo, en 1987, impidió construir en unas fincas por cambios en el Plan General. A pesar de ser terrenos urbanizables, fueron calificados como no urbanizables de uso agrícola. 

Dichos terrenos, según informa Europa Press, eran urbanizables, ya que de hecho en ellos se contemplaba la segunda y la tercera fase previstas en la zona, y pasaron a ser calificados como Suelo No Urbanizable de protección para usos agrícolas. 

Los dueños del suelo denunciaron al Ayuntamiento. Después de muchos años, una sentencia del Tribunal Supremo del 17 de julio de 1992 condenó a la Comunidad de Madrid y a los dos Ayuntamientos (Colmenar y Tres Cantos) a indemnizar a los propietarios con 42,43 millones de euros. Con los intereses, la cantidad se ha convertido en 60 millones, según confirmó a Europa Press el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría. 

Según la sentencia, los dos ayuntamientos son responsables, ya que aunque el PGOU objeto de la polémica es el de Colmenar, los terrenos pertenecen en la actualidad a Tres Cantos, municipio que no existía entonces y cuyas fincas formaban parte del término municipal colmenareño. La Comunidad, entonces en manos del PSOE, aceptó las propuestas que le hizo el Ayuntamiento, y también ha sido condenada. 

Pero los familiares, hartos del pleito, vendieron a un consorcio de empresas, entre las que estaba Martinsa, el terreno. Las empresas se frotaban las manos con el negocio y pagaron mucho dinero por el suelo. Pero la crisis del ladrillo destrozó el mercado y llevó a algunas de las sociedades al concurso de acreedores. 

Ahora, una de estas empresas, ha exigido el cumplimiento de la sentencia. El TSJM comunicó a las tres administraciones la ejecución forzosa de la sentencia. Apercibió que, de no ejecutarse voluntariamente, procederá al embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los «funcionarios responsables». 

Los ayuntamientos se enfrentan a tres opciones: pagar la sentencia entre las tres administraciones (descartada por su enorme cuantía); no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo de bienes patrimoniales y la imposición de multas o incluso procesos penales contra sus funcionarios; o firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas para satisfacer la demanda de los propietarios de dichos terrenos del Tagarral. 

En definitiva, se trataría de devolver a los terrenos objeto de litigio la calificación que tenían con anterioridad al año 1987. Es decir, que se pudiera construir en una zona en la que los vecinos quieren verde y no cemento. 

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, dijo a Europa Press que le gustaría decir que hay una solución, pero que « no es así». Para Santamaría, «la mejor solución es recalificar ese suelo a urbano, que ahora es rústico».